Em dois supostos contêiners de doações americanas para a ADRA na Argentina, foram encontrados equipamentos eletrônicos contrabandeados avaliados em aproximadamente 3 milhões de reais (cerca de 15 milhões de pesos argentinos) camuflados entre remédios vencidos e lixo hospitalar. O processo por contrabando milionário já custou a renúncia de quatro líderes da IASD na Argentina, além de gastos equivalentes a um milhão e seiscentos mil reais pagos como fiança para que estes não ficassem presos e o bloqueio de bens pertencentes á Organização avaliados em cerca de 56 milhões de reais. O imposto de importação sonegado apenas nessa remessa de equipamentos totaliza o equivalente a um milhão e duzentos mil reais, mas há suspeita de que esse tipo de fraude ocorra há mais de vinte anos.
Há alguns dias nesse vídeo do Youtube, o pastor Carlos Gill Krug, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Argentina, fez pose de caudilho preocupado para os fiéis dos 1055 templos adventistas existentes em sua União. “É difícil, irmãos, descrever a dor de tantos de vocês”, disse o pastor, “ao ver a sua Igreja submetida ao opróbrio dos meios de comunicação”. Para Gill Krug, ver-se nas manchetes dos jornais era no mínimo incômodo. Suas declarações não poderiam ser menos graves: Os adventistas, talvez a maior denominação protestante da Argentina, atravessavam o maior escândalo de sua história no país.
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Gill Krug acababa de ser procesado con un embargo de dos millones de pesos por el doctor Adrián González Charvay, juez federal de Campana, tras una investigación de la división Delitos Federales de la PFA. No estuvo solo. Junto a él cayó toda la cúpula de la Iglesia en Argentina, comercialmente constituida ante la AFIP como la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día, que el pastor presidía. Carlos Daniel Giménez Graf, tesorero de la Asociación y Roberto Osvaldo Giaccarini, director de ADRA, la asociación de ayuda humanitaria del culto, así como apoderado de la Asociación, integraron la lista de procesados; también Jorge de Sousa Matías, vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, perteneciente al culto. El delito del que se los acusa: contrabando, con una maniobra multimillonaria.
El caso estalló en julio último en la terminal Zárate de la Aduana. Dos contenedores provenientes de Estados Unidos con mercadería marcada como “donación” eran el problema. El remitente era, precisamente, la asociación ADRA y estaban destinadas a la Universidad Adventista en Entre Ríos. En las cajas “se advirtió la existencia de insumos hospitalarios con vencimiento operado y/o en mal estado; distintos productos sin sus respectivos envoltorios; desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, desechos de medicamentos y productos farmacéuticos”, detalla un documento en la causa.
Sin embargo, entre jeringas, en cajas mal embaladas, se encontró un mal quizás mayor: 14,8 millones de pesos en artículos electrónicos de alta gama sin declarar. La lista incluyó seis televisores Samsung Smart, trece computadoras HP, cinco televisores Sony Bravia 74.5, cámaras de video HD, iPads, iPhones, computadoras iMac, un grupo electrógeno, potencias para auto, una impresora 3D y una consola de sonido profesional Yamaha QLS valuada en 30 mil dólares fueron parte de la lista.
Una despachante de Aduana también fue procesada. De Sousa Matías, señalado como el responsable de recolectar donaciones en Estados Unidos para el culto en Argentina y el aparente cabecilla de la operación de contrabando, fue intervenido telefónicamente y sus mails fueron capturados. “Pastor, ¿no habrá algún político influyente con el que se pueda hablar?”, le dijo un fiel del culto después del hallazgo de los contenedores. “Buena idea”, respondió el hombre: “Estamos viendo lo del político influyente”.
En el video de Youtube, Gill Krug aseguró que “esta situación no nos representa” en “los valores que tenemos ni en los principios que enseñamos” y afirmó que “vamos a apelar esta medida porque hay omisiones y exageraciones”. Finalmente, felicitó a los fieles que se mantuvieron en silencio y, como pastor, instó a todos a rezar. Los comentarios al videos no fueron precisamente plegarias: el repudio y las críticas de la congregación fueron casi unánimes. Para los adventistas, que sus líderes estuviesen cuestionados en la Justicia era una virtual deshonra. Lo cierto es que Gill Krug, Giménez, Giaccarini y De Sousa Matías no duraron en sus cargos.
En el día de hoy, según confirmaron voces oficiales de la Iglesia a Infobae mediante un comunicado, los cuatro jefes procesados ofrecieron sus renuncias, las cuales fueron aceptadas. “La Iglesia Adventista exige de sus líderes desempeñarse con dedicación exclusiva a sus responsabilidades sin ningún tipo de cuestionamientos sobre su accionar. Por lo cual estas decisiones permitirán que los mencionados atiendan todos los requerimientos de la Justicia”, aseguró el comunicado.
Por lo pronto, el culto tiene un nuevo presidente: el pastor Darío Caviglione. Sin embargo, el caso no es una historia cerrada puertas adentro. La operación adventista es más que 1055 iglesias. Con un pasivo bancario reciente de más de 200 millones de pesos, incluye negocios como la cerealera Granix, además de clínicas, sanatorios y centros de “vida sana” para tratar adicciones, tabaquismo, estrés y sobrepeso. El enojo de la feligresía se reduce a un punto básico: qué hicieron los jefes de la Iglesia con la plata de sus diezmos.
Los embargos millonarios impuestos a Gill Krug, Zaccarini y otros no son el único problema. En el juzgado de González Charvay también tramita un legajo de aseguramiento de bienes que asciende a 280 millones de pesos. Para cubrirlo, la Iglesia ofreció bienes, presuntamente, entre ellos la planta principal de Granix.
Al llegar las primeras órdenes de detención y los pedidos de exención de prisión, González Charvay dictó severas cauciones, fianzas que según fuentes de la investigación fueron de dos millones de pesos para cada jefe adventista imputado. Todas fueron pagadas de inmediato: el 30 de septiembre del año pasado se depositaron ocho millones de pesos en ela sucursal Campana del Banco Nación. Así, los líderes del culto siguieron en libertad.
¿Las cauciones se pagaron con plata propia de los imputados, más allá de la caja adventista? Gill Krug, según su información previsional, es empleado de una sola firma que paga sus aportes y obra social: la Iglesia Adventista misma.
Una voz de peso dentro del culto asevera: “Cuando estalló el caso, hubo mucha confusión, porque no había una comunicación clara por parte de la Iglesia. Pero cuando Infobae dio a conocer el procesamiento, el fiasco fue total y terminó por generar una gran corriente de opinión a nivel nacional (dentro de las propias iglesias locales) a favor del apartamiento de la dirigencia”.
La renuncia, por lo visto, no resuelve todo. La misma fuente apunta: “Ellos renuncian al cargo. Es un paso importante. Pero ahora hay que esperar la ‘disciplina eclesiástica’. Vos, como miembro, pertenecés a una congregación que puede estar en cualquier parte del país. Esa iglesia local debe someterte a vos a un proceso de disciplina, que puede ir desde una sanción donde no podés ejercer cargos entre 6 meses y un año hasta la expulsión como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día”.
La justicia del Estado, por su parte, tiene su acusación resuelta. El juez González Charvay considera, en sus cálculos, que la instrucción de la causa está virtualmente cerrada. La elevación a juicio de los ahora ex jefes adventistas es solo cuestión de tiempo.
Fuente:
Donación “fantasma” y contrabando: procesan a dirigentes de la Iglesia Adventista
Están acusados de ingresar al país artículos de electrónica como si fuera un envío desde los Estados Unidos. El hecho ocurrió en julio de 2016.
17|02|17 16:35
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay procesó por el delito de contrabando a dirigentes de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día y a una despachante de Aduana por una importante cantidad de mercadería que llegó al país en dos contenedores provenientes de Estados Unidos, que figuraban como una supuesta donación. La irregularidad fue detectada por la AFIP en julio pasado.
Los acusados habrían cometido el delito de contrabando “al dificultar, mediante ardid y engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, realizando actos con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero y fiscal distinto al que corresponde a los fines de su importación, y haciendo uso de autorizaciones especiales y certificaciones expedidas contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regulan su otorgamiento con el fin de obtener, respecto de la mercadería que se intentó importar, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere y mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados necesarios para cumplimentar la operación”, indica la resolución judicial, según consignó el Diario La Nación.
Los procesados fueron: el presidente de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día (Aaasd), Carlos Gill Krug; el tesorero de la Aaasd, Carlos Giménez Graf, ; Roberto Giaccarini, quien trabaja en la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) desde 2002; Oscar Ramos, rector de la UAP; Jorge de Sousa Matías, vicerrector de la UPA, y la despachante de aduana Nilda Saira, agrega el medio mencionado.
A Gill Krug, Giménez Graf, Giaccarini, Ramos y de Sousa Matías se les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 2.000.000 de pesos, mientras que para Saira fue de 600.000 pesos.
El caso. En julio de 2016 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas informaron que al realizar una verificación “se pudo constatar la existencia de mercadería sin declarar que viola el régimen de donación. Surgió además, la existencia, prima facie, de una operación de contrabando documental y físico”.
Los organismos informaron que, entre otros artículos, se descubrieron televisores de pantalla curva de 65 pulgadas; otros de 75 pulgadas, de tecnología Android TV; aparatos Samsung Smart TV de 46 pulgadas; computadoras, drones profesionales con filmación, tablets, telefonía celular de alta gama, una consola de sonido digital y una filmadora de cine.
Fuente:
Millonario contrabando de la Iglesia Adventista: cómo fue la maniobra
Ocurrió en julio pasado: la Aduana detectó en Zárate un megaenvío de artículos electrónicos de alta gama enmascarado como “donación” para una universidad para evadir impuestos. El juez Adrián González Charvay procesó a la cúpula argentina del culto. Las escuchas del caso
Por Federico Fahsbender 17 de febrero de 2017
El 22 de julio del año pasado, el pastor Jorge de Sousa Matías le dijo a un confidente desde su teléfono celular, claramente preocupado: “No para que lo comentes, pero por ahora estamos mal, nos bajaron todo y hace tres días que están abriendo cada caja. Sigan orando”. Quizás, de cara a la situación, el hombre necesitaba más que plegarias para salvarse. Cuatro días después de ese llamado, De Sousa Matías recibió una comunicación de una mujer de su entorno con una sugerencia un poco inusual para un hombre de su investidura y fe: “Pastor, ¿no habrá algún político influyente con el que se pueda hablar?”. “Buena idea”, respondió el hombre: “Estamos viendo lo del político influyente”.
De Sousa Matías, al momento de esa comunicación, era el vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, el ala educativa en Entre Ríos de uno de los mayores cultos cristianos de la Argentina, precisamente, la Iglesia Adventista, o la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, tal como está registrada ante la AFIP, con 1055 templos inscriptos en su unión en todo el país.
Sin embargo, lo que De Sousa Matías ignoraba al hablar con tanta preocupación como soltura era que su teléfono estaba siendo intervenido por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa instruida junto al secretario Matías Latino. Poco después, el vicerrector y pastor terminaría allanado y detenido.
No estaba solo en el expediente: la cúpula nacional del culto cayó junto a él. Fueron investigados Carlos Ursus Gill Krug, también pastor y presidente de la Asociación, la cabeza nacional del culto, Carlos Daniel Gimenez Graf, su tesorero y Roberto Osvaldo Giaccarini, director de ADRA, la asociación de ayuda humanitaria del culto así como apoderado de la Asociación. La acusación en su contra: contrabando.
El caso estalló en julio último en la terminal Zárate de la Aduana. Dos contenedores provenientes de Estados Unidos con mercadería marcada como “donación” eran el problema. El remitente era, precisamente, la asociación ADRA y estaban destinadas a la Universidad Adventista en Entre Ríos. En las cajas “se advirtió la existencia de insumos hospitalarios con vencimiento operado y/o en mal estado; distintos productos sin sus respectivos envoltorios; desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, desechos de medicamentos y productos farmacéuticos”, detalla un documento en la causa.
Se detectaron conectores y catéteres en las listas, kits femorales inutilizables, viejas máquinas averiadas o desarmadas, monitores hospitalarios con la leyenda “out of service”, así como insulina y heparina vencidas. Esto constituye una clara violación a las regulaciones del ANMAT, pero entre jeringas, en cajas mal embaladas, se encontró un mal quizás mayor: 14,8 millones de pesos en artículos electrónicos. Todo esto, declarado bajo información falsa o directamente sin declarar, incluso con una carta de alta de donación de la AFIP lograda días antes, lo que garantizaría evitar pagar cualquier impuesto. Nilda Beatriz Saira, la despachante de Aduana a cargo del envío, fue quien consiguió dicho código de alta y fue también investigada e imputada por González Charvay.
La lista de electrónicos resultó sorprendente. Todo fue de alta gama. Seis televisores Samsung Smart, trece computadoras HP, cinco televisores Sony Bravia 74.5, cámaras de video HD, iPads, iPhones, computadoras iMac, un grupo electrógeno, potencias para auto, una impresora 3D, una consola de sonido profesional Yamaha QLS valuada en 30 mil dólares y hasta un tractor cortacésped fueron parte de la lista. Ayer por la tarde, González Charvay procesó a los jefes de la Iglesia y a la despachante de Aduana, en un documento al que accedió Infobae. El juez los imputó por defraudar “mediante ardid y engaño el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero” con “la presentación de documentos ideológicamente falsos y declaraciones engañosas”. La maniobra cometida fue descripta en detalle. Los trucos, por lo visto, son muchos.
En su indagatoria, el pastor De Sousa Matías respondió sobre los artículos médicos vencidos con una excusa curiosa: dijo que era para “un centro de simulación médica” con fines educativos, “el único en el país”, para ser usado con fines educativos, no en seres humanos sino “en muñecos”. El pastor Gill Krug, por su parte, aseguró no saber nada en su propia indagatoria y cargó todo el peso en el vicerrector de la Universidad. La despachante Saira aparece con consejos para el ardid. “En lugar de pantallas que diga equipamento para aulas”, le escribe a De Sousa Matías en un mail. El hombre cuenta luego en un correo electrónico a una tercera persona cómo Saira se ofreció a “ir a Cancillería” para agilizar trámites con el Consulado argentino en Washington D.C.
De Sousa, por su parte, fue señalado como el responsable de recolectar las donaciones del culto para Argentina en Estados Unidos. La división Delitos Federales de la Policía Federal fue la encargada de investigar la documentación secuestrada, una pesquisa que llegó hasta la sede porteña del culto adventista en la calle Uriarte. Delitos Federales detectó que toda esta maniobra de envíos disfrazados se vendría realizando al menos desde 2013. También, la división determinó que existe un amigo americano: un tal “John Grinswell”, con base en Texas, que se habría encargado de canalizar a través de ADRA compras en sitios como Amazon y Best Buy con pagos vía Paypal, el servicio online de depósitos con tarjeta de crédito, algo fácilmente rastreable.
Esto es un giro inaudito para una organización a simple vista higiénica en sus manejos que hizo de la vida recta y sin vicios el centro histórico de su discurso. La Iglesia Adventista no solo controla la Universidad en Entre Ríos: también cuenta con clínicas y sanatorios en zonas como Belgrano, además de sus “centros de vida sana” para tratar adicciones, tabaquismo y obesidad. Controla la cerealera Granix, reconocida por sus galletitas entre otros productos.
Con 25 domicilios fiscales en todo el país registrados por la Asociación y sin contar múltiples subsidiarias y satélites, la Iglesia creció exponencialmente en la última década. En 2006, por ejemplo, cerró su balance de acuerdo a registros comerciales con un activo de 203 millones de pesos. Dos años después, esa misma categoría ascendió a 275 millones. Hoy, el poderío es mucho mayor: los últimos datos del Banco Central reflejan una deuda reciente de la Asociación entre cinco bancos de 210 millones de pesos en total.
Fuente:
Procesaron por contrabando a miembros de una entidad religiosa
La Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día era utilizada como fachada para eludir los controles aduaneros
La cantidad de mercadería que llegó al país en dos contenedores desde los Estados Unidos como una supuesta donación para la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Entre Ríos, le demandó a los controladores aduaneros de Campana 28 días para calcular el valor de la carga: $ 14.867.633. Pero todo era una simulación. Supuestamente se trataba de equipamiento electromecánico hospitalario, pero en realidad era un contrabando de productos de electrónica de alta gama y de una operación importación, que se encuentra prohibida, de productos farmacéuticos y de la medicina nuevos y usados.
Así lo entendió el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que en las últimas horas procesó por el delito de contrabando a dirigentes de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día y a una despachante de aduana.
Según la resolución judicial, a la que tuvo acceso LA NACION, los acusados habrían cometido el delito de contrabando “al dificultar, mediante ardid y engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, realizando actos con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero y fiscal distinto al que corresponde a los fines de su importación”.
Los procesados, según el expediente judicial, fueron el presidente de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día (Aaasd), Carlos Gill Krug; el tesorero de la Aaasd, Carlos Giménez Graf, ; Roberto Giaccarini, que trabaja en la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) desde 2002; Oscar Ramos, rector de la UAP; Jorge de Sousa Matías, vicerrector de la UPA, y la despachante de aduana Nilda Saira.
A Gill Krug, Giménez Graf, Giaccarini, Ramos y De Sousa Matías se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 2.000.000 de pesos. Para Saira el embargo fue hasta cubrir la suma de 600.000 pesos. Todos continúan el proceso en libertad.
El caso se hizo publicó en julio pasado, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas informaron que “al realizar la verificación se pudo constatar la existencia de mercadería sin declarar que viola el régimen de donación. Surgió además, la existencia, prima facie, de una operación de contrabando documental y físico”.
Según la AFIP y la Dirección General de Aduanas, se descubrieron televisores de pantalla curva de 65 pulgada; otros de 75 pulgadas, de tecnología Android TV; aparatos Samsung Smart TV de 46 pulgadas; computadoras All in One HP Pavillion, PC All in One, iMac de Apple, discos rígidos de 6 Tera byte, memorias expandibles de 1 Terabyte Samsung, placas de video de Intel, dos drones profesionales con filmación, tablets y telefonía celular de alta gama, como iPhone 4 y iPhone 6, y iPod. Había, además, una consola de sonido digital y una filmadora de cine.
“El análisis armónico de las probanzas colectadas indicaría también que el cargamento de tanto desecho, elemento inservible, obsoleto y arcaico podría haber sido usado para, entre tanto bártulo, confundir la mirada o virar la atención de los agentes controladores sobre los objetos electrónicos y de la medicina comprados en el exterior que se intentaron hacer pasar como donados”, afirmó el juez federal González Charvay en su resolución.
Compras por internet
Según la investigación judicial, parte de la mercadería se compró en el exterior. “Es decir no fue donada explicó el magistrado. La compra de los productos embarcados se realizó, en su mayoría, durante el período comprendido entre noviembre de 2015 y mayo del año pasado, en operaciones vía internet”, explicó el juez.
Para González Charvay, es “muy probable” que hubieran existido otras operaciones de importación previas de “similar matriz”.
“Gill Krug, en principio, habría ilícitamente sacado provecho, o permitido que sus consortes de causa lo hicieran, de los permisos y exenciones conseguidas como entidad religiosa, asociación de asistencia social, caridad, beneficencia, educación e instrucción y sin fines de lucro, en un claro beneficio de su resultado: evadir el pago de los tributos aduaneros e impositivos”, afirmó González Charvay en su resolución.
Además de los equipos electrónicos se advirtió que los productos médicos podían ocasionar riesgos a la saluda pública.
Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/1985698-procesaron-por-contrabando-a-miembros-de-una-entidad-religiosa
Comunicado Oficial de la Iglesia Adventista en Argentina
